INACIPE - Instituto Nacional de Ciencias Penales

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Una de las prioridades del Presidente Felipe Calderón ha sido fortalecer el sistema de justicia penal y de seguridad pública a través de estrategias de seguridad, de la construcción de nuevas instituciones y de la modernización de nuestro marco constitucional y legal. Esto ha implicado una doble vertiente: impulsar un sistema acusatorio que agilice y transparente el sistema penal mexicano, y afinar los instrumentos constitucionales y legales para combatir a la delincuencia organizada.

Este esfuerzo se vio cristalizado en junio de 2008, con la publicación de las reformas a algunos artículos constitucionales, en los cuales se consagran mayores derechos para los imputados, los sentenciados y, muy especialmente, las víctimas de un delito. Además, quedaron sentadas las bases para una procuración e impartición de justicia más eficiente, transparente y confiable, con la introducción de un sistema que —por sí solo— viene a representar una de las transformaciones más importantes a nuestro aparato institucional desde 1917.

Pero la reforma constitucional fue sólo unpaso. Ahora nos corresponde continuarcon el proceso de adaptación en la legislación secundaria. No debe olvidarse que, a la fecha, ya se han expedido diversas leyes y modificado otros tantos artículos a distintos textos legales. Sin embargo, el camino que aún falta por recorrer es largo e implicará desarrollar una labor concienzuda de estudio y análisis.

Es, precisamente en este ejercicio, donde las tareas que lleva a cabo el Instituto Nacional de Ciencias Penales (el inacipe) en materia de capacitación, investigación, formación y actualización, adquieren una enorme dimensión, tanto en los quehaceres que tiene expresamente encomendados, como en su papel de interlocutor natural entre actores sociales y políticos de los ámbitos local y federal: las procuradurías, los poderes judiciales, los medios de comunicación y la academia.

Este Instituto es un centro de capacitación con presencia en todas y cada una de las entidades federativas. Sus programas benefician a más de 3 mil alumnos al mes. Pero también es un think tank que lleva a cabo una tarea fundamental en la formulación de políticas públicas, iniciativas de ley y de evaluación de resultados. Asimismo, ha divulgado el conocimiento y los avances en estas materias a través de decenas de títulos —más de 30 al año—, seminarios, congresos y otras actividades.

En mi calidad de presidente de la H. Junta de Gobierno del inac ipe, tengo la satisfacción de presentar al público el cuaderno Instituto Nacional de Ciencias Penales 2011, testimonio del funcionamiento, oferta académica y de los distintos servicios que brinda este Instituto a nuestra comunidad. En sus 35 años de vida, es un referente obligado en el área de las Ciencias Penales, tanto a escala nacional como internacional.

 El 25 de junio de 2011, el Instituto Nacional de Ciencias Penales celebrará el trigésimo quinto aniversario de su fundación, misma que fue posible, en gran parte, gracias al entusiasmo contagioso, la perseverancia y los diligentes oficios de Sergio García Ramírez, hoy presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y, por aquel entonces, subsecretario de Gobernación.

Desde sus inicios, este Instituto se ha caracterizado por servir de tribuna a los más destacados penalistas nacionales y extranjeros, y por constituir un centro de docencia e investigación con el más alto nivel académico, donde reciben formación profesional juzgadores, agentes del Ministerio Público, directivos policiales y penitenciarios, en un ambiente de rigor intelectual y calidad científica.

A partir de la creación de este organismo, en 1976, se hizo realidad el proyecto acariciado desde tiempo atrás por los miembros fundadores, en 1940, de la Academia Mexicana de Ciencias Penales: Luis Garrido, José Ángel Ceniceros, Francisco González de la Vega, Alfonso Teja Zabre, Emilio Pardo Aspe, Carlos Franco Sodi, José Ortiz Tirado, Javier Piña y Palacios, Francisco Argüelles, Raúl Carrancá y Trujillo, José Gómez Robleda y José Torres Torija. Academia “sin otro confín que el de las ciencias penales en toda su complejidad y extensión, tanto en la rama jurídica como en la biológica, sociológica, penológica, criminalística y de los menores infractores”, conforme dejó apuntado el maestro Carrancá y Trujillo.

Si me he permitido mencionar a todos y cada uno de los fundadores de la Academia, no ha sido por un prurito de carácter meramente documental sino, más bien, como un merecido reconocimiento a quienes fueron pioneros indiscutibles en
modelar e impulsar la excelencia científica en materia penal, guías y maestros de los que hoy dictan cátedra. Recordarlos aquí es un acto de estricta justicia, pues su pensamiento visionario abrigaba ya la semilla que, años después, germinaría como el actual inac ipe. Centro de estudios al margen de cualquier partidarismo político —incompatible con la ciencia— y cuyas contribuciones al mejoramiento de nuestras leyes, cárceles e instituciones penales son prueba patente de su servicio a la nación.

De aquellos ilustres precursores fue Raúl Carrancá y Trujillo quien más hizo hincapié en la necesidad de que México contara con un organismo similar al Instituto de Estudios Penales de Madrid, el Certificat de Sciences Penales de París, el Instituto de Criminología de Polonia o, por citar un ejemplo del continente americano, el Instituto de Ciencias Penales de Chile.

Sólo cuando se tuviera una institución con esas características podría hacerse efectiva en nuestro país “la especialización de aquellos que intervienen en la investigación del delito y en el estudio del delincuente, de aquellos que administran justicia y aun de los encargados de dirigir prisiones”. Propuesta que retomaba la iniciativa formulada por Luis Jiménez de Asúa, quien ya había señalado “la necesidad de una capacitación profesional para los encargados de administrar justicia punitiva”, advirtiendo “la enorme magnitud de semejante tarea puesto que abarcaba la formación y delimitación de las funciones de la policía; de los magistrados y del Ministerio Público; de los auxiliares de la justicia criminal; de
los funcionarios de prisiones y, asimismo, de los delegados y patrones de libertos condicionales y excarcelados”.

Desde esta perspectiva, fue en la Facultad Jurídica Veracruzana donde se hizo, por primera vez en México, un intento serio para satisfacer tales demandas, iniciando en 1943 el Doctorado en Ciencias Penales, con la atinada dirección de Raúl Carrancá y Trujillo, a quien secundaron, como catedráticos de su respectiva especialidad, Mariano Jiménez Huerta, Alfonso Quiroz Cuarón, Francisco González de la Vega y Mariano Ruiz Funes, cuyas provechosas lecciones recibió un selecto grupo integrado por Alberto Sánchez Cortés, Aureliano Hernández Palacios, Fernando Román Lugo y Celestino Porte Petit, quien se distinguió por su empeño en fundar el doctorado. Significativamente, algunos años después todos ellos ingresarían a la Academia Mexicana de Ciencias Penales, en calidad de miembros de número.

Claro está que las grandes empresas no se improvisan ni surgen de manera espontánea o por obra del azar; son invariablemente el resultado de un largo proceso en que tiempo y esfuerzo encuentran su exacta correspondencia; fruto  maduro de un trabajo colectivo, impulsado e iluminado por la voluntad y el talento de algunos líderes pero, a fin de cuentas, sostenido merced a la solidaria continuidad de un proyecto en el relevo de las generaciones.

Con esta reflexión no pretendo “descubrir” lo evidente sino manifestar mi profundo respeto, sincera admiración y merecida gratitud por la suma de inteligencias que han hecho posible al inac ipe, sin olvidar sus antecedentes en la Academia Mexicana de Ciencias Penales y el Doctorado de Ciencias Penales de la Universidad Veracruzana.

Sería arrogante, necio, injusto, hacer tabla rasa del pasado. En la ceremonia inaugural del Instituto,Celestino Porte Petit, quien fungió comosu primer Director General, hizo patente la trascendencia que implicaba el nacimiento de dicho organismo con estas palabras: “Estamos asistiendo a la apertura del Instituto Nacional de Ciencias Penales, uno de los actos gubernamentales de mayor alcance, en cuanto viene a consolidar la obra reformista legislativa e institucional, dirigida a crear un nuevo clima en la respuesta del Estado ante el lacerante problema de la criminalidad. La cristalización de este organismo —añadió el eximio maestro— viene a calmar una aspiración estérilmente perseguida en el pasado, por todos los que en alguna forma hemos vinculado nuestra vocación al campo de las Ciencias Penales, que en su frondosa pluralidad aportarán soluciones apropiadas en su punto de convergencia: la lucha contra el delito dentro de la realidad nacional”.

Así pues, el inac ipe comenzó sus actividades bajo la conducción de Celestino Porte Petit (1976-1981), reconocido penalista, baluarte del Derecho Penal en nuestro país. Y al asumir la gran responsabilidad de dar vida académica al Instituto, también le correspondió, en consecuencia, fincar los cimientos sobre los cuales ha permanecido incólume, contra viento y marea, como referente ejemplar de estabilidad y con la solidez del principal think tank de las Ciencias Penales mexicanas.

Muy por encima del compromiso cumplido, Porte Petit se dedicó en cuerpo y alma al recién fundado Instituto, para lo cual hubo de prodigarse en las más variadas tareas: diseñar los programas de estudio concernientes a las tres maestrías; reclutar profesores con prestigio y alta competencia científica; organizar un sistema administrativo funcional; conformar el acervo de la biblioteca mediante donaciones que buscaba afanosamente; establecer el Consejo Académico y atender a la Junta de Gobierno, la máxima autoridad de la Institución.

Escrupulosamente metódico y cuidadoso con el patrimonio del Instituto, jamás permitió gastos innecesarios pero, en cambio, siempre estuvo atento y disponible para brindar asistencia a maestros y alumnos, ocupado y preocupado por  incrementar tanto la calidad de la enseñanza como de las investigaciones que se realizaban.

A pesar del reducido presupuesto que disponía el Instituto, Porte Petit supo encauzar esos recursos con admirable eficacia, de modo que en ningún momento se vieron afectadas las tareas académicas ni dejaron de solventarse los gastos requeridos para el buen funcionamiento del Instituto. A tal grado llegó su dedicación que, con el fin de hacer más grato el ambiente del plantel y embellecer sus instalaciones, acudía todos los sábados a Xochimilco para comprar plantas que el domingo sembraba con la ayuda del jardinero.

Consciente de que el organismo bajo su responsabilidad era una institución de altos estudios especializados, frecuentemente comentaba en el claustro académico que debía tenerse mucho cuidado de no formar “bárbaros técnicos”, como en alguna ocasión le escuchó decir a Jiménez de Asúa, buen amigo suyo, refiriéndose a quienes privilegiaban la mera transmisión de datos en detrimento de la reflexión y el análisis. Por ello, durante su gestión se realizaron congresos internacionales, conferencias magistrales dictadas por distinguidos penalistas, mesas redondas, etcétera.

En efecto, nada resulta más peligroso que un profesional ignorante ni más dañino que un intelectual desprovisto de sentido ético, como certeramente lo expresó Rabelais hace siglos en esta frase lapidaria: “Ciencia sin conciencia no es más que ruina del alma”. A Porte Petit le siguieron en la responsabilidad directiva del Instituto distinguidos penalistas y catedráticos universitarios: Gustavo Malo Camacho (1981-1985), Gustavo Barreto (1985-1988) e Ignacio Carrillo Prieto (1988-1993), quienes retomaron el impulso inicial, cada uno con su particular estilo, aprovechando las pautas trazadas por su antecesor y, según las circunstancias, haciendo sus propias y muy valiosas aportaciones.

Por motivos incomprensibles, acaso derivados de una  torpe estrategia pragmática y nula visión a largo plazo, Carrillo Prieto decidió convertir al Instituto en un centro de capacitación policial, lo que supuso el fin de la vida académica y de toda investigación. Afortunadamente, tan lamentable cambio no llegó a consolidarse y, pocos años después, sería recordado como un triste “paréntesis” de ingrato recuerdo para los estudiosos de las Ciencias Penales.

Así, en 1996, el Procurador General de la República, Antonio Lozano Gracia, a solicitud de la Asociación de Profesores y Egresados del inac ipe, ordenó su reapertura, regresando a su antigua sede, Magisterio Nacional 113, en Tlalpan, espacio idóneo que propicia un ambiente de estudio y reflexión. Mientras se regularizaba el funcionamiento del Instituto, quedó a cargo Luis Fernández Doblado (1996) y luego, ya de manera oficial, lo sustituyó Fernando Castellanos Tena (1997-2000), penalista de gran renombre. Terminada su gestión, le sucedió Jorge Mirón Reyes (2000-2001), quien tuvo como relevo a Gerardo Laveaga, actual Director General.

A partir de entonces, el Instituto ha tenido un crecimiento espectacular, tan sólido como su nueva sede, ya que el inmueble original fue insuficiente para dar cabida al vertiginoso desarrollo de sus actividades académicas. Con gran acierto e incontenible dinamismo, Laveaga emprendió una completa reestructuración administrativa que le ha permitido proyectar el trabajo de la institución no sólo a muchas entidades federativas, sino también más allá de nuestras fronteras. El número de alumnos se ha centuplicado con la diversificación de opciones académicas; se programan con regularidad congresos internacionales, diplomados, conferencias magistrales, mesas redondas, cursos de capacitación; se han incrementado considerablemente las publicaciones y, asimismo, se ha instaurado el doctorado.

La formación que ofrece el Instituto no se limita a los aspectos puramente utilitarios, de corto alcance, para satisfacer los requisitos que demanda una pericia técnica, lo cual significaría un grave retroceso, el triunfo de la mediocridad. Por su exigencia creciente de rigor científico y ética profesional, el Instituto pretende formar penalistas que vean en el estudio no sólo una etapa a superar, sino un compromiso permanente para el cabal ejercicio de su profesión, identificados con ésta en el desempeño de servicio a la comunidad y no para el medro personal.

Sí, penalistas ajenos al escepticismo y la superficialidad, penalistas de sólidos conocimientos y profundas convicciones, para quienes nada sea más indigno que aprovecharse de las desgracias humanas bajo el amparo de la ley o el  conocimiento de la ciencia, para quienes no haya nada más noble que la fuerza del Derecho y la luz de la inteligencia cuando mitigan el sufrimiento y hacen posible la justicia. Penalistas convencidos de que la prevención del delito es más eficaz que su castigo y que, en el caso de cometerse, se tenga presente que la pena debe tener diversos efectos: debe ser un verdadero castigo para el que viole la ley; debe ser reparadora del daño causado tanto al ofendido como a la
víctima, y, finalmente, o en primer lugar, debe ser útil para el autor del delito y la sociedad.

En estos momentos, el inac ipe vive una etapa de renovación y crecimiento formidables, fiel a sus orígenes pero identificado con las realidades del presente y atento a los cambios previsibles del futuro. Goza de bien ganado prestigio como centro de estudio, reflexión, docencia, investigación y divulgación, en un ámbito donde se encuentran y dialogan penalistas mexicanos y extranjeros. De esta manera iniciará el ciclo académico 2011 con las mejores condiciones para celebrar sus 35 años de historia y refrendar, como homenaje a cuantos hicieron posible su nacimiento y continuidad, la jerarquía de catedral de las Ciencias Penales en nuestro país.