Las/los funcionarios se enfrentan cada vez más a la necesidad de tomar decisiones complejas que requieren, además de la comprensión del contexto económico y el análisis de las políticas públicas sectoriales, el desarrollo de habilidades de gestión bajo principios de transparencia y ética. La Maestría en Gerencia Pública del CIDE es un posgrado de alto nivel reconocido por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACYT y constituye una opción de profesionalización que permite combinar el trabajo con el estudio de manera intensiva durante 14 meses. El plan de estudios combina la formación teórica y metodológica impartida por profesores-investigadores de tiempo completo altamente capacitados, con la experiencia en el campo de trabajo tanto de los estudiantes, como de profesores externos que se desempeñan en diferentes ámbitos de política pública.
Objetivo:
Fortalecer las capacidades analíticas y habilidades estratégicas en las áreas de economía, gestión pública y regulación de funcionarios/as de la administración pública federal para la toma de decisiones de política pública.
¿Qué perfil buscamos?
Funcionarios públicos en activo, titulados de licenciatura, que tengan como mínimo 2 años de experiencia en un puesto con responsabilidad en toma de decisiones de política pública en la administración pública y que cuenten con disponibilidad de tiempo para asistir a cursos de 07:00 a 10:00 entre semana y los sábados de 8:00 a 14:00 horas.
Perfil de egreso:
Los egresados de la Maestría en Gerencia Pública del CIDE son funcionarios públicos que:
Cuentan con un instrumental teórico y metodológico para el análisis y resolución de problemas públicos.
Han desarrollado capacidades de gestión.
Son capaces de diseñar y evaluar alternativas para la solución de problemas públicos.
Son capaces de tomar decisiones de manera informada y sustentada en evidencia sólida y convincente.
Tienen una visión amplia e integral de los problemas públicos y organizacionales que involucra un desempeño gubernamental efectivo.
Son conscientes y responsables de las implicaciones éticas del quehacer público.
Están comprometidos con principios en la transparencia y la rendición de cuentas.